En nuestro Estado, nos encontramos en un marco en el que, a pesar de haber suscrito todos los instrumentos internacionales referidos a prostitución y trata con fines de explotación sexual, en el año 1995 se despenalizó el proxenetismo no coercitivo en el Código Penal dándole el respaldo a las prácticas proxenetas.

Desde entonces pasamos, a una velocidad vertiginosa, de ser un país de tránsito de mujeres prostituidas, a ser un país de destino que, en lugares, como los fronterizos de Cataluña con Francia, son un destino de turismo sexual de fin de semana regentado por un proxenetismo legalizado e inscrito en registros oficiales cuyo objetivo es la legalización de la actividad lucrativa de la prostitución, actividad que en un 90% está controlada por esa industria del sexo.

Por ello entendemos imprescindible el abordaje de una Ley Abolicionista que sitúe en el centro a las mujeres en situación de prostitución, sus derechos y la obligación del Estado de garantizar los recursos para su reparación integral. Una Ley que desmantele la industria de la explotación sexual y que desactive la demanda, para lo que es un instrumento útil y necesario la penalización de los prostituidores.

Una Ley, en definitiva, que sirva para la justa reparación de las mujeres victimas de esta forma extrema de violencia contra las mujeres y que transforme nuestra sociedad, con un mensaje claro: LAS MUJERES NO SOMOS MERCANCÍA