Propuesta de Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional -LOASP-

El artículo 9.2 de la Constitución española obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad de todas las personas y de los grupos en que se integran, sean reales y efectivas. Por su parte, el artículo 14 proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo y el art. 15 el derecho de todas y todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún sin que en ningún caso se pueda someter a nadie a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

En el cumplimiento de los principios constitucionales citados, es evidente, que los poderes públicos tienen la más alta cuota de responsabilidad, pues de ellos depende legislar de conformidad con aquéllos y ejecutar políticas públicas para la implementación de la justicia y la igualdad real.

En este sentido, en nuestro Estado nos encontramos en un contexto en el que el sistema prostitucional, es decir, una estructura de desigualdad y de violencia extrema contra las mujeres, no ha sido confrontado legalmente, favoreciendo, con su omisión, su desenvolvimiento impune y permitiendo, con su indefinición, que Administraciones Públicas de otros ámbitos territoriales y sectoriales hayan proporcionado marcos que benefician el esparcimiento de la industria del sexo y con ello una mayor normalización de la explotación sexual de las mujeres.

Por ello, esta Ley, por un lado, encara los errores que desde los poderes públicos se han cometido para que nuestro país sea un espacio sin prostituidores ni proxenetas y, por otro, persigue acabar con la responsabilidad institucional respecto a la violencia que se ejerce contra las mujeres mediante la prostitución.

El uso y abuso sexual de mujeres por precio, esto es, lo que se nombra y designa comúnmente como prostitución, es una práctica ancestral que atraviesa la historia de la humanidad desde tiempos remotos. En todas las culturas, épocas, momentos históricos encontramos mitos de legitimación que envuelven y avalan la oferta comercial de mujeres, basados en variadas justificaciones como la hospitalidad, la sacralización de la práctica, su inevitabilidad, naturalización, la necesidad, el control de la salud, o el orden público o la recaudación; a día de hoy priman las “lógicas del mercado” en el que se amplía cada vez más la idea de que todo está en venta y puede ser comercializado constituyendo uno de los elementos ideológicos más profusamente difundido, aunque no sea el único, para la normalización, expansión y pervivencia del sistema prostitucional.

El término “prostitución” para referirnos a este hecho social se revela como claramente insuficiente al producir una lógica en la que únicamente quedan representadas e imaginadas las personas prostituidas, esto es, las mujeres y niñas que superviven en tales condiciones, al tiempo que tal expresión opera invisibilizando dos elementos consustanciales, de lo que denominamos sistema prostitucional, prostituidores y proxenetas.

Cierto es que en el pasado y a día de hoy son esencialmente mujeres las personas prostituidas en todo el mundo. En el Informe de 2015 sobre Desarrollo Humano se estimó que 4,5 millones de personas sobreviven en condiciones de explotación sexual, mayoritariamente mujeres y niñas. En el lado anverso, están los hombres que representan el 99,99 % de las personas que recurren al sexo venal, antaño en mancebías, lupanares, casas de tolerancia, hoy en macroburdeles, pisos, saunas y similares que se han ido instalando en nuestras ciudades, o a través del mal llamado “turismo sexual” que comporta el desplazamiento de los prostituidores a lugares próximos o lejanos de su residencia con el propósito principal de hacer uso sexual de mujeres y niñas, o las plataformas de internet que se han convertido en instrumento por excelencia para las transacciones comerciales, siendo las mujeres un producto más que se oferta en ese amplio bazar. Esta feminización de los sujetos prostituidos y masculinización de la demanda que recorre históricamente el sistema prostitucional, evidencia la raíz patriarcal de la institución, su inescindibilidad de la estructura sistémica y universal que desde el nacimiento impone a las mujeres la asignación de una posición de subordinación, sometimiento y desigualdad respecto a los hombres.

Y como elemento vertebrador del sistema, el proxenetismo, que, aunque siempre ha estado presente en la explotación sexual de las mujeres y en dominar las condiciones de la oferta, en la actualidad ejerce un control casi absoluto. Las mujeres que superviven en prostitución sin intermediarios son numéricamente irrelevantes, siendo aquellos los que con estructuras y medios simples o complejos promueven, organizan y controlan este mercado inscrito en marcos de legalidad absoluta o relativa, dependiendo de los países que examinemos.

Por ello esta inicua realidad requiere un paradigma y una acción política que incorpore a todos los agentes invisibilizados del sistema prostitucional, sin cuyo protagonismo y relevancia sería imposible la continuidad y desarrollo de una institución patriarcal que arrasa la vida, la salud, la integridad y la indemnidad de millones de mujeres y niñas cada año en este gran mercado global en el que se admite, cada vez con más normalidad y refinamiento, la mercantilización de la vida humana y especialmente la comercialización del sexo y de la capacidad reproductiva de las mujeres. Proxenetas y prostituidores son los actores principales que desempeñan roles protagonistas en el sistema prostitucional; esto es, en la explotación sexual de las mujeres. Ambos son figuras inseparables y estructurales que lo conforman desde siempre. Aquellos, por ser los que establecen y crean las condiciones para la exposición y oferta sexual de las mujeres, estos porque proporcionan los rendimientos económicos de este gran negocio que crece de forma imparable generando de paso réditos indirectos a sectores de la economía formal que, por sus beneficios, unas veces pingües y otras espectaculares, exhiben adherencia a unos y otros. Ejemplo paradigmático de ello han sido, y aún siguen siendo, algunos medios de comunicación escritos de nuestro país, sobre todo de ámbito autonómico y local, que, optimizan sus resultados económicos con los anuncios eufemísticamente llamados de “contactos”, indiferentes a la criminalidad y a los estragos humanos que están presentes en el negocio.

El poder político, en su versión civil o religiosa, a lo largo de los siglos ha desarrollado modelos legales de intervención frente al fenómeno de la prostitución, alternándose según los momentos históricos los modelos de reglamentación (hoy designados como pro derechos o pro legalización) o de prohibición. En el primero, se acotan las zonas en el que está permitida la explotación sexual de las mujeres y se determina a aquellas que quedan reservadas para uso colectivo masculino siendo por ello innato al modelo la autorización explícita a la actividad económica del proxenetismo y a su desarrollo, lo que al mismo tiempo permite a éste ,el control y cuasi monopolio de la explotación sexual de las mujeres prostituidas, tal es el caso de Holanda y Alemania, que optaron en los inicios del siglo XXI, por profundizar en el modelo reglamentarista hasta sus últimas consecuencias, contando hoy los proxenetas con un marco legal que les ha permitido expandir y controlar la masificación de la explotación sexual de las mujeres. Por su parte, el modelo de prohibición reprueba sancionando a las supervivientes de la prostitución y, en ocasiones, también incorpora alguna sanción al proxenetismo y, excepcionalmente, a los prostituidores. En ninguno de esos dos modelos se impugna el sistema prostitucional, en este porque se sobreentiende de forma implícita o explícita la inevitabilidad de las prácticas, en aquel porque es una fuente innegable de ingresos y hoy día constituye un nicho de plusvalías económicas muy elevadas. No será hasta la aparición del modelo abolicionista decimonónico cuando comience a deconstruirse intelectual y políticamente el sistema prostitucional impugnándose el mismo, al tiempo que se formulan propuestas de intervención tendentes a su desactivación, tales aportaciones vendrán de la mano del movimiento feminista del siglo XIX.

En este modelo que, legislativamente, se inicia en los albores del siglo pasado, por primera vez las mujeres prostituidas son objeto de atención, no desde la reprobación o la represión, ni desde la instrumentalización sexual y comercial, sino desde la perspectiva de que, la desigualdad y la precarización de sus condiciones de vida, son causa y razón de su explotación y, tras las primeras iniciativas reactivas frente a la represión y daños que las políticas públicas reglamentaristas ocasionan a las mujeres prostituidas, irán planteando una serie de proposiciones políticas y legales cuyo eje central será, en sus inicios, alzar un muro de contención y represión punitiva frente a los que promueven, organizan, facilitan y favorecen para su lucro la prostitución ajena, es decir, contra el proxenetismo y propondrán las primeras medidas de protección para la mujeres captadas para el mercado a las que ni se les juzga o reprueba, ni se sanciona.

Las diversas iniciativas irán conformando un cuerpo de normas jurídicas internacionales que pretenden establecer un marco legislativo común en los estados para atacar el proxenetismo.

Diversos han sido los desarrollos legislativos internacionales. El Acuerdo Internacional de 18 de mayo de 1904 y el Convenio Internacional de París de 1910 son los primeros acuerdos multilaterales en la materia. Los siguientes se elaboran en el seno de la comunidad internacional, en la Sociedad de Naciones, el Convenio Internacional de 30 de septiembre de 1921 y el Convenio internacional de 11 de octubre de 1933, cuya culminación y síntesis está representado por el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena, adoptado por la Asamblea de Naciones Unidas en su resolución 317 (IV) de 2 de diciembre de 1949. La idea nuclear que van desarrollando estos instrumentos legales de carácter internacional es la represión del proxenetismo, sobre la consideración de que la prostitución precede a la trata y esta no es más que el sistema o método de abastecimiento de aquella, así lo expresa en su Preámbulo el Convenio de 1949 “la prostitución y el mal que le acompaña la trata…”. Dicho texto internacional incorporó un abanico amplio de tipos penales que sancionaban punitivamente la intermediación meramente lucrativa en la prostitución y las modalidades coactivas, dejando al margen de toda sanción o represión a las mujeres prostituidas, representando el texto un eficaz freno para los que organizan, promueven, facilitan y expanden la explotación sexual de mujeres y niñas. Es obvio que cuando se coloca una actividad en el marco de la criminalidad, la prevención general de la norma penal actúa como mecanismo de contención de la misma, al menos para una parte de la sociedad.

La defensa de los valores que representa el Convenio de 2 de diciembre de 1949 conecta con los valores y principios incorporados a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, que proclama que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, reconociéndose como derechos inalienables de todas las personas el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad; la prohibición de esclavitud y servidumbre, la proscripción de los tratos crueles, inhumanos o degradantes y de la discriminación. Derechos universales de los que son privadas sistemáticamente las mujeres prostituidas.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, que simboliza el pacto legislativo internacional para el desarrollo de los derechos de las mujeres, proclamó, siguiendo la senda abolicionista iniciada décadas atrás, la obligación de los Estados Partes de tomar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación en la prostitución de la mujer. España ha sido un Estado adherido al modelo abolicionista desde sus comienzos, ratificando la mayoría de los acuerdos y convenios internacionales antes citados. La firma de tales textos coloca a nuestro Estado en la obligación ineludible de respeto y aplicación de la normativa internacional abolicionista.

La Resolución del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014 sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género, hace hincapié en que la normalización de la prostitución incide en la violencia contra la mujer y destaca que los hombres que compran sexo son más proclives a cometer actos sexuales coercitivos, así como otros actos de violencia, contra las mujeres. Al tiempo que señala que la despenalización de la industria del sexo en general, y la legalización del proxenetismo, no es solución para proteger a las mujeres, sino que produce el efecto contrario, el fomento del crecimiento de los mercados de prostitución y, por tanto, el número de mujeres y niñas víctimas del abuso. De ello se infiere que las orientaciones de las políticas de los Estados de la Unión Europea deben seguir la senda abolicionista.

No obstante, nuestro país ha presentado, salvo en una corta etapa, contradicciones en su legislación interna con los mandatos de los textos abolicionistas internacionales, como la que representó la Ley de Peligrosidad Social o el tratamiento punitivo del proxenetismo que trajo el Código Penal de 1995, con la despenalización de las figuras del proxenetismo no coercitivo, del rufianismo y de la tercería locativa; en el primer caso porque se aplicaron sanciones contra las personas que ejercían la prostitución, en el segundo, porque la caída de las barreras penales, que derivó directamente del texto punitivo de 1995, favoreció el desarrollo de la industria de la explotación sexual de las mujeres y la proliferación de proxenetas que habilitaron innumerables locales destinados a esa finalidad, lo que provocó que, en poco tiempo y a una velocidad vertiginosa, pasáramos de ser un país de tránsito de mujeres prostituidas, a ser un país de destino, que, en lugares como los fronterizos de Cataluña con Francia, acoge a prostituidores locales y extranjeros que practican el mal llamado “turismo sexual”. El nuevo tratamiento punitivo de los delitos relativos a la prostitución y explotación sexual que introdujo el Código Penal de 23 de noviembre de 1995, Ley Orgánica10/1995, solo recogió en su artículo 188, hoy 187, la punición del proxenetismo coactivo, línea en la que continuó la reforma operada por la Ley Orgánica 11/1999 de 30 de abril de 1999. La subsiguiente Ley Orgánica 11/2003 de 29 de septiembre, introdujo un nuevo tipo dentro del entonces artículo 188 contemplando la penalidad para el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma, y que llegó al texto gracias al valiente pacto impulsado por las parlamentarias de distintos partidos. No obstante, la interpretación del Tribunal Supremo pronto lo dejó sin aplicación ya que estimó que era necesaria la concurrencia de medios coercitivos para su aplicación. Tampoco ha producido, desde la lógica de la política criminal, resultado alguno la última modificación operada por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que añadió un concepto interpretativo para definir, en algunas circunstancias, la explotación sexual.

Todo ello permite concluir que las decisiones de política criminal en esta materia no han reportado resultados, gozando el proxenetismo de enormes nichos de impunidad y de control del mercado, lo que a su vez repercute en el incremento de la trata de personas con fines de explotación sexual y en la profusión cada vez más masiva del uso sexual de mujeres por precio por parte de los hombres. En lo relativo al control de la actividad por parte del proxenetismo, conviene recordar el informe de la Comisión Mixta, Congreso-Senado de Estudio de la Prostitución de 2007 que remarcaba, en aquel momento, que el 80% de las mujeres prostituidas lo hacen en algún tipo de establecimiento situado en grandes vías de comunicación y en las zonas industriales de las afueras de los núcleos de población. Otro 20% en entornos urbanos, “`pisos”, “saunas” y en las “vías públicas”. Los zulos en los que se confina a las mujeres están en mano de terceros. A día de hoy, tanto los lugares cerrados (pisos, saunas, burdeles, etc.), como los escenarios abiertos (calles, polígonos industriales o carreteras), son controlados férreamente por proxenetas. En la actualidad se mantiene esa realidad, agravada con otras formas y entornos de explotación sexual. Así lo constatan las ONG´s que intervienen directamente en el terreno.

En este punto es de justicia recordar que la voz de alarma que dio el movimiento feminista durante la tramitación del texto punitivo de los delitos relativos a la prostitución que se plasmaron en el Código Penal de 1995, no sólo era razonable, sino francamente acertada, y a este movimiento hay que reconocerle la imparable lucha que ha desarrollado para desactivar el sistema prostitucional durante los últimos 25 años. No cabe duda de que las mujeres y sus organizaciones son un motor de cambio esencial en las trasformaciones sociales que permiten que cada vez las sociedades sean más justas, más democráticas y más humanas. Nuestro país incorporó el delito de trata de seres humanos con fines, entre otros, de explotación sexual tras la ratificación en el año 2002 del Protocolo de Palermo, en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional realizada en Nueva York el 5 de noviembre de 2000, que fue publicado en el BOE de 11 de diciembre de 2003. También el Convenio del Consejo de Europa para la acción contra la trata de seres humanos, conocido como Convenio de Varsovia, fue ratificado por España el 2 de abril de 2009 y la Directiva 2001/36/UE de 5 de abril forman el marco normativo internacional que concurrió a la definición del delito de trata incorporado a nuestro Código Penal en su artículo 177bis.

A pesar de los esfuerzos para detener la trata de seres humanos en general y con finalidad de explotación sexual en particular, la más numerosa con diferencia, la complejidad del tipo penal que requiere la concurrencia de múltiples elementos, lo que unido a una interpretación jurisprudencial caduca sobre la falta de consentimiento a la propia explotación sexual, criterio interpretativo que no sólo está presente en este tipo penal sino en todos los delitos que afectan a la libertad sexual de las mujeres, la propia inhibición de las víctimas temerosas de las represalias que, sobre ellas o sus familias, pueda acarrear la colaboración con el sistema de justicia penal y su desconfianza hacia la autoridad, entre otros factores, pone de manifiesto que a pesar de las buenas intenciones del legislador resulta un delito de difícil acreditación y que provoca escasas sentencias condenatorias. En efecto, la única política criminal que conduce a desarticular la trata requiere que las barreras frente a todo tipo de proxenetismo sean sólidas e impidan sin fisuras la actividad. A día de hoy asistimos a una variedad de modalidades de captación, en especial a través de los medios tecnológicos y de plataformas digitales, de mujeres, jóvenes y niñas para uso sexual que nos alertan de que no es pertinente encorsetar al proxenetismo en las formas tradicionales que hemos presenciado hasta ahora. Se hace necesario, pues, contemplar estas nuevas modalidades y adoptar una mirada amplificada para reconocer a quienes serán mujeres prostituidas por medio del proxenetismo digital y con modalidades de servicios pre pago.

Abordar y desactivar el sistema prostitucional, de magnitudes crecientes y consecuencias inhumanas para las mujeres prostituidas, requiere una intervención decidida por parte de los poderes públicos que afronte en su integridad y complejidad las nefastas consecuencias y violación de los derechos humanos que supone la prostitución.

De entre las iniciativas abolicionistas de contexto europeo, el modelo abolicionista de referencia básica vendrá de la mano de Suecia en 1999, hoy llamado modelo nórdico, con su plan de acción contra el sistema prostitucional que, además de incorporar medidas económicas importantes para su implantación, llevó a su código penal la sanción de los demandantes de prostitución, los prostituidores, que fue respaldada por una mayoría amplia de la cámara y recibió un gran apoyo social. El fundamento de la reforma es la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y, por ello, se introduce la sanción penal a los demandantes de prostitución lo que viene a representar, simbólicamente y en la práctica, la visibilización del rol significativo y protagonista que aquellos tienen en la pervivencia y consolidación del sistema prostitucional que atenta e impide el derecho inalienable a la igualdad entre hombres y mujeres, incluyéndose la prostitución como forma expresa de violencia contra las mujeres, que constituye una práctica intolerable e incompatible con una sociedad fundada sobre la base de la igualdad entre sexos. En 20 años de aplicación de la ley abolicionista en Suecia, la oferta de mujeres para su consumo sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual que acompaña a aquella, están prácticamente desactivadas siendo un territorio en el que la actividad económica de los proxenetas ha desaparecido casi por completo. Desde el ámbito de los efectos y los valores esenciales del grupo social, la evaluación y monitoreo de la ley pone en evidencia que la ciudadanía manifiesta su reprobación a la compra de actos de naturaleza sexual, como una conducta incompatible e inaceptable en una sociedad democrática y que aspire a hacer efectivo el derecho a la igualdad. El modelo nórdico ha sido adoptado por diversos estados: Corea del Sur, Noruega, Islandia, Irlanda del Norte y, recientemente, Francia.

La ley francesa del 13 de abril de 2016 es uno de los referentes legislativos del movimiento abolicionista. Dicha norma tiene como objetivo general fortalecer la lucha contra el sistema prostitucional y apoyar a las personas prostituidas o en situación de prostitución y está basada en tres principios fundamentales: la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, un obstáculo para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres y una violación de la dignidad humana.

De igual manera, la legislación noruega ha sido un referente ya que en ella se contempló el principio de extraterritorialidad en la aplicación de la ley penal para los demandantes de prostitución.

Esta Ley va dirigida a abolir el sistema prostitucional y, por tanto, a deconstruir los elementos que lo componen y sustentan: industria del sexo, proxenetas y prostituidores.

Esta Ley abolicionista del Sistema Prostitucional se estructura en cuatro Capítulos, con veinticinco artículos, trece disposiciones adicionales, una disposición derogatoria única y dos disposiciones finales. El Capítulo Primero sobre los Principios Generales en los que se sustenta el texto legislativo, con ocho artículos, está dedicado a delimitar el objeto de la ley, su ámbito de aplicación territorial y temporal, los fines, los principios generales, la definición de los conceptos básicos que integran el sistema prostitucional y que deben guiar el criterio interpretativo de las mismas, así como los recursos económicos.

Desde el punto de vista de la territorialidad, todas las mujeres prostituidas son titulares de los derechos y garantías recogidas en la Ley, cuando hayan sido prostituidas en el territorio del Estado español, tanto si se encontraban de forma circunstancial o permanente, como aquellas que hoy no lo están y fueron prostituidas aquí, así como a las nacionales que hayan sido explotadas en el extranjero. Desde el punto de vista temporal, las garantías, derechos y recursos que se recogen en la presente Ley serán de aplicación para todas las mujeres que son o hayan sido prostituidas. Parte fundamental de este Capítulo Primero, son los fines que persigue esta Ley, dirigidos a concienciar a la sociedad y a los poderes públicos de que la prostitución constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres y es expresión de la desigualdad existente entre mujeres y hombres, a definir los derechos y a habilitar los recursos para las mujeres prostituidas, a establecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, y a fomentar la especialización de los colectivos profesionales.

Como principios generales, se establece que las mujeres prostituidas son víctimas de violencia machista y, como tales, tendrán derecho a que se les garantice una intervención integral sin que puedan ser condicionadas a participar en la persecución de los delitos cometidos contra ellas para ser titulares de los derechos contemplados en esta ley, o en otras que resulten concurrentes en su aplicación. De igual manera, se asientan los recursos económicos imprescindibles para el desarrollo de cualquier política pública, y de ahí la expresa previsión de que en cada anualidad los presupuestos incluyan partidas presupuestarias específicas y exclusivamente destinadas a abordar los objetivos de la ley y suficientes para ello, sin que eso merme los recursos y partidas habilitadas para la lucha contra otras formas de violencia patriarcal, al tiempo que se prevé que los recursos económicos que requiere la ejecución de la misma puedan reforzase con los decomisos procedentes de los delitos relacionados con la prostitución.

El Capítulo Segundo está dedicado a implantar las oportunas medidas de prevención, sensibilización y formación que deben recorrer necesaria y transversalmente las diversas competencias de los poderos públicos que, por sus funciones, están implicados y comprometidos en su aplicación y que requerirán, en ciertos aspectos, un desarrollo reglamentario más pormenorizado. Nada de lo que se pretende regular en esta Ley es posible si quienes intervienen directa o indirectamente en la atención a mujeres víctimas de violencia machista (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Poder Judicial, Ministerio Fiscal, Jueces, Asistencia Letrada, personal de información, etc.), no tienen la formación especializada y la sensibilidad idónea para el tratamiento general e individualizado de las situaciones en las que se encuentran las mujeres prostituidas. De igual manera, se ha involucrado a todos los sectores públicos a los que competen los mecanismos básicos de prevención y sensibilización de la ciudadanía y profesionales, incorporando medidas educativas, sanitarias y referentes a medios de comunicación.

El Capítulo Tercero De los Derechos, está dedicado a una cartera de derechos y recursos que deben reconocerse a las mujeres en situación de prostitución, sin perjuicio de la compatibilidad de los mismos con otros que puedan estar previstos para atender a las mujeres en situación de violencia patriarcal. Por otro lado, no basta con designar la prostitución como una forma de violencia extrema y de grave violación de los derechos humanos, tal proclama debe estar acompañada de medidas que posibiliten efectivamente una salida real del sistema prostitucional y, para ello, es necesario que las mujeres prostituidas puedan acceder a programas de inserción socio laboral y de ayudas económicas que les abran la puerta al proceso de salida. Asimismo, y sin que ello sea un imperativo, las mujeres prostituidas que voluntariamente ejerzan las acciones penales deben contar con un adecuado asesoramiento legal, y un plus de protección por los riesgos que para ellas y sus familiares pueden derivar de su participación en el sistema de justicia penal. Resulta de especial importancia que el reconocimiento de la situación de prostitución y, por tanto, del acceso a los derechos no tenga una sola fuente de acreditación y mucho menos que ésta derive únicamente del sistema de justicia penal, por cuanto ello equivale a restringir a la mayoría de ellas toda posibilidad de salida. En esta cuestión se cuenta con una experiencia acumulada en materia de violencia derivada de las relaciones de pareja o expareja en la que se ha comprobado el enorme nicho de mujeres que, padeciendo y viviendo en tales circunstancias, no acceden a los dispositivos, ni a los recursos, ni son detectadas porque, y por las razones que sean, no han presentado denuncia.

Se considera también fundamental, así lo impone la experiencia en el trabajo con mujeres prostituidas, que sea el sistema social y legal de protección, el que se adapte a ellas y a sus específicas necesidades, derivadas, en la mayoría de los casos, de los daños ocasionados por la prostitución -físicos, psíquicos y sociales-, y no al contrario.

Y por último, en cuanto al contenido propio de la Ley, se establece en el Capítulo Cuarto, De las medidas públicas de coordinación y colaboración entre las distintas instancias que deben participar en la implementación de la norma.

Al margen de la disposición adicional primera, de evaluación anual de los objetivos contenidos en esta Ley, el resto de las disposiciones adicionales están destinadas a las modificaciones legislativas pertinentes para que el marco normativo interno sea coherente con los principios generales y rectores de esta Ley.

Así la disposición Adicional Primera de reforma de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, sin duda la de más amplio contenido, se erige en eficaz freno contra el proxenetismo, y, por ello se recupera, entre otras, la figura del rufianismo. En la actualidad hay suficientes datos para afirmar que esta es una forma de proxenetismo muy extendida, los llamados “lover-boys”, al tiempo que se incorpora la penalización del proxenetismo meramente lucrativo y se introduce la tercería locativa, tipo penal este último de enorme importancia por cuanto es, precisamente, la prostitución en medio cerrado o acuartelada, la que presenta una magnitud más significativa que cualquier otra, en especial y en los últimos años en pisos arrendados con la finalidad de explotación sexual de mujeres.

Se introduce, igualmente, un nuevo tipo penal que sanciona criminalmente a los prostituidores, cuya demanda constituye uno de los pilares en los que se asienta el sistema prostitucional. La modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, incorpora la reivindicación feminista de que no solo la violencia que se produce por parte de la pareja o expareja ha de ser catalogada como violencia machista y se incluye la prostitución como una más de las modalidades de la violencia que sufren las mujeres y niñas.

En cuanto a la publicidad, se plantea la modificación de la Ley 34/1988 de 11 de noviembre General de la Publicidad, incluyendo como ilícita la publicidad que tenga como objeto la promoción, directa o indirecta, de la prostitución, la pornografía y otras formas de explotación sexual y de mercantilización de las mujeres.

La modificación de la LO 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana se reforma con la supresión del segundo párrafo del artículo 36.11. en cuyo inciso segundo se habilitó un mecanismo de sanción indirecto para las mujeres en situación de prostitución en medio abierto, lo que resulta incompatible con las directrices de las políticas abolicionistas que representa la presente norma. La Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita se adapta a la finalidad de dispensar a las mujeres prostituidas el mismo marco de protección y acceso a la justicia del que gozan hoy las mujeres sometidas a otra formas de violencia patriarcal, al tiempo que se protege a las organizaciones que trabajan por la abolición del sistema prostitucional de las eventuales cargas y gastos que puedan derivar de los procesos en los que actúen en defensa del modelo y compromiso social de abolir el sistema prostitucional. Criterio que en coherencia se ha seguido para las modificaciones en la LO 4/2015, de 27 de abril que regula el Estatuto de la víctima, en el Real Decreto 1917/2008 sobre el programa de inserción sociolaboral y en la modificación del R.D 240/ 2007 de 26 de febrero, toda vez que definir y estimar la violencia machista que deriva del sistema prostitucional deber acarrear para las víctimas idéntica consideración y trato que para las perjudicadas por la violencia patriarcal derivada de las relaciones personales.

La modificación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación, es un mandato coherente con la pretensión de la Ley de desmantelar el sistema prostitucional y por ello no cabe facilitar ayuda o subvención a ninguna organización y asociación que promueva la prostitución, la pornografía u otras formas de explotación sexual, o normalice la prostitución.

Así mismo, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, se introduce como causa de abstención y, por tanto, de recusación, el haber sido demandante de prostitución por precio o dádiva, ya sea en España o fuera del territorio, en cualquier expediente o procedimiento cuyo asunto esté relacionado con la prostitución u otras formas de explotación sexual, ya que tales prácticas afectan a la objetividad que debe presidir la intervención de los mismos y la adecuada asistencia que merecen las mujeres, de no ser atendidas por quienes son o han sido prostituidores. De igual manera, en la Ley 4/2015 de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, se incluye a las mujeres prostituidas dentro de las víctimas que pueden participar en el proceso de ejecución de las resoluciones judiciales; y se incluyen de forma específica, en los hechos relacionados con la violencia de género, todos aquellos que devienen de la mercantilización de las mujeres, especialmente la explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de penas.

Al Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, se incorporan las mujeres prostituidas como un colectivo preferente de este plan y se amplían las formas de acreditación.

Asimismo, al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se incorporan, igualmente otras formas de acreditación favorables a las mujeres prostituidas.

A través de la Disposición Derogatoria única, se derogan todas aquellas normas que se opongan a lo establecido en la presente Ley, señalando especialmente aquellas que castiguen y/o sancionen, directa o indirectamente, a las mujeres prostituidas.

Para finalizar, a través de la Disposición final primera, sobre Modificaciones reglamentarias, se le otorga al Gobierno un plazo de seis meses desde la aprobación de esta Ley, para el desarrollo reglamentario que asegure su cumplimiento.

Su entrada en vigor será al mes de su publicación.